En una decisión emitida el 19 de enero de 2024, la Señora Juez María del Rosario Garzón Calderón, a través de la orden de captura número 003, ha solicitado a la policía y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) la detención y entrega de Anabolena García Ricardo.
Esta acción obedece a la condena dictada en una audiencia celebrada en la misma fecha, dentro del asunto radicado bajo la partida número, donde García Ricardo fue hallada culpable de delitos graves, entre ellos, peculado por apropiación a favor propio, en concurso homogéneo con contratos incumplimiento de requisitos legales, y con intereses indebidos en la celebración de contratos.
La juez ordenó su traslado a las instalaciones del establecimiento penitenciario carcelario correspondiente, específicamente a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad.
La condena seria por el escándalo de la corrupción en Indeportes Cauca por la apropiación de recursos desde el año 2012 con los Juegos Deportivos Nacionales, de los que fue sede Popayán, con la denunciada petición de dinero a ciertos contratistas por sumas importantes o porcentajes de participación, con el argumento de que tenían que cubrir gastos del evento, que nunca legalizaron.
Continuó cuando la Contraloría General del Cauca presentó el Informe Final de Auditoría Vigencias 2013 y 2014 de Indeportes Cauca y de las demás denuncias, algunas anónimas, que se interpusieron desde la vigencia del 2012.
En su momento, Ana Bolena calificó de “temerarias acusaciones” los hallazgos de la Contraloría General del Cauca. La Contraloría respondió: “el hallazgo administrativo o disciplinario se mantiene”, es decir, las respuestas y soportes nunca desvirtuaron los cargos acumulados.
Con el fin de proporcionar un contexto más completo, les recomendamos leer la siguiente nota:
La sociedad espera que este proceso legal contribuya a la transparencia y justicia, sentando un precedente importante en la lucha contra la corrupción. Este caso destaca la importancia de la rendición de cuentas y la aplicación rigurosa de la ley para preservar la integridad de las instituciones y promover la confianza en el sistema judicial.
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