Quedó en firme entre la Jurisdicción Especial para la Paz y el Gobierno Nacional una instancia de articulación para lograr la implementación de las sanciones propias, que no son cárcel, para las personas que están acogidas a la JEP y que aceptan toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Este trabajo busca unir a todas las entidades del Estado y la cooperación internacional que permitan asegurar la implementación efectiva y el despliegue de los proyectos restaurativos en los territorios.
En esta instancia participan además de la JEP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios de Justicia y Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y otras entidades que tendrán el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
