El Ministerio del Interior adelanta un convenio de cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos que busca desarrollar actividades y proyectos que promuevan y protejan los derechos de las comunidades indígenas, ROM y minorías étnicas en Colombia; de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Más de 70 comunidades en 23 departamentos del país están siendo beneficiadas por esta iniciativa, que incluye la implementación de 32 programas estratégicos.

En total, serán 72 proyectos que se ejecutarán en diferentes organizaciones y/o comunidades que hacen parte del convenio. Estas comunidades, que abarcan corporaciones, asociaciones, cabildos, resguardos, kumpanias y organizaciones gitanas, están trabajando en la consolidación de planes de salvaguarda y planes de vida, la construcción de cabildos en entornos urbanos, el fortalecimiento de sus estructuras de gobierno, proyectos culturales y ancestrales, mejoras en la movilidad e infraestructura, y capacitaciones internas adaptadas a sus necesidades específicas.

Es importante resaltar que esta alianza también busca promover la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana, así como asegurar la transmisión de sus conocimientos y tradiciones culturales a las futuras generaciones. La diversidad y la riqueza de estas comunidades son pilares fundamentales para construir una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

En el marco del convenio se vienen desarrollando diferentes acciones transversales que incluyen procesos de formación ofertados a más de 25 mil personas. De igual forma, se han realizado encuentros participativos con las comunidades que incluyen un tejido de saberes sobre el Cuidado de lo Público y Participación Ciudadana, como también la realización de procesos de Coevaluación y Sistematización de Experiencias Exitosas, enfocados en resignificar las voces de los pueblos y comunidades.

Este convenio busca superar la discriminación y la invisibilidad social que han enfrentado las comunidades indígenas y ROM en Colombia. No solo beneficiará a las comunidades indígenas y ROM, sino que busca sentar las bases para futuros convenios en la protección de los derechos de las minorías étnicas.

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