La Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales se desplazó hasta Cali y Buga, con el objetivo de apoyar de manera integral las jornadas descentralizadas que la Defensoría del Pueblo realizó entre el 14 y el 17 de marzo en esa región del país.
Se realizó coadyuvancia y atención personalizada a las personas cobijadas con estas brigadas que fueron planificadas por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, la Delegada de Salud y la Regional Valle del Cauca.
El 15 de marzo funcionarios de la Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales estuvieron en la Casa de los Derechos, ubicada en el barrio Agua Blanca de Cali, en donde se brindó atención personalizada a siete mujeres madres cabeza de familia con hijos con discapacidad, quienes debido a la actualización del Sisbén no volvieron a recibir el servicio de enfermería y cuidados de sus hijos.
También, se realizaron cuatro vías administrativas que servirán como antecedente e inicio de un posible litigio estratégico para el reconocimiento de este enfoque diferencial. Asimismo, tres acciones de tutela para la protección del derecho de continuidad en el servicio, tratamiento médico y una denuncia penal por violencia intrafamiliar
El 16 de marzo la brigada llegó al CDT Divino Niño, en donde se pudo constatar el nivel de hacinamiento en este centro de detención.
Allí se realizaron dos conversatorios sobre el derecho de petición y las particularidades para las personas privadas de la libertad. También, se despejaron dudas sobre el correcto ejercicio de este derecho fundamental y se les indicaron rutas efectivas según su condición.
El 17 de marzo, se coadyuvó la solicitud de cedulación para 32 personas, quienes no cuentan con su identificación plástica y por esta razón no pueden ser recibidos en los establecimientos penitenciarios.
Por último, se realizará gestión documental ante la Registraduría y Migración Colombia para la identificación y el registro de nueve ciudadanos venezolanos, a fin de que puedan acudir a sus procesos penales con total garantía de su identidad y registro de su ingreso al país.
