El viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, intervino en el cierre del diálogo convocado por las organizaciones de la sociedad civil para analizar los aspectos centrales del proyecto de reforma a la salud y resolver las inquietudes de la audiencia académica y médica concentrada en el hotel Tequendama.
Entre los temas abordados, se incluyó una agenda en la cual se analizaron las dificultades financieras de las EPS, el déficit hospitalario, la asignación de recursos de la nación a los territorios y las complejidades mediáticas que enfrenta la iniciativa. El viceministro aseguró que, de lograrse su aprobación, la implementación será gradual y en todo momento se mantendrá la capacidad operativa, técnica y financiera del sistema.
“Los derechos humanos no se conquistan ni se materializan de la noche a la mañana ni las trasformaciones sociales se dan de un momento para otro; son procesos que implican una transición”, sostuvo, tras indicar que la reforma a la salud busca materializar el bloque de constitucionalidad que ya existe en el país.
Hay alternativas
“El proceso requiere, por supuesto, una alta rigurosidad técnica, administrativa y financiera, que debe estar articulada con la decisión política que se plasmó, primero en las urnas y luego en un plan de gobierno”. Frente al complejo trámite que enfrenta la reforma, aclaró que también existe la opción de ser pragmáticos y no hacer nada, no presentarla ante el Congreso ni someterla a los debates reglamentarios que se requieren para convertirla en ley de la República.
“No hacemos nada, ni presentamos esta reforma y dejamos que todo transcurra, como ha sido hasta ahora. Es una opción. Con un equipo de análisis y estudio del ministerio, y el acompañamiento de otros profesionales, hicimos un ejercicio de simulación y encontramos que en dos años la liquidación masiva de EPS sería importante, y otra vez estaríamos ante el traslado masivo de usuarios [graves vulneraciones al derecho fundamental a la salud y la inviabilidad fáctica del sistema]. El estado de las finanzas y la falta de capitalización de las EPS, plantearían un escenario muy complejo. Pero no hacer nada siempre será una opción”.
La otra alternativa que tenemos, es preguntarnos qué podemos hacer para mejorar el sistema y para hacerlo más incluyente, analizar, diagnosticar y proponer una transformación profunda que mejore las condiciones de salud tanto de las personas como del modelo vigente.
Un nuevo paradigma social
El viceministro recordó que esa misma discusión se dio en 2015, y el gobierno de turno afirmó en aquel entonces que no se contaba con las debidas capacidades. “Han pasado 8 años y seguimos en las mismas. Entonces ¿nos vamos a quedar toda la vida anclados en que no tenemos capacidades? así no podemos avanzar. Una imagen objetivo importante que empezó con la Constitución del 91, con la que -como decía un político- pasamos de la caridad a los derechos”, nos indica que podemos estar ante el surgimiento de un nuevo paradigma social.
“Si pensamos en el Estado que teníamos en el 90, con toda certeza hoy tenemos un poco más de capacidades. Todavía con brechas importantes, con una pobreza que nos debe avergonzar a todos, como sociedad, claro que sí, pero hemos avanzado. Esa aspiración de los 90, de tener un Estado Social de derecho, que son palabras mayores, la hemos venido construyendo paso a paso. Lo que hoy tenemos en materia de seguridad social no fue lo que diseñó la ley 100; hoy tenemos equiparados los planes de beneficios, hay garantías, algunas en papel, para el régimen subsidiado y para el contributivo, pero hay que seguir avanzando, considerando, por supuesto, que los cambios profundos suelen ser graduales y requieren de un período de transición”, indicó Martínez.
También reconoció que, pese a los avances, hay dificultades en el acceso a servicios o incluso al sistema. El proyecto de reforma permitirá avanzar en esa garantía de accesibilidad, lo que obligará a la implementación de planes adicionales para la formación de talento humano y la recuperación de las capacidades perdidas a nivel territorial, para fortalecer la participación de las regiones en lo que se conoce como sistema general de regalías, y empoderar sus redes de servicios.
Salud, camino a la paz social
El viceministro es consciente del estigma y los cuestionamientos -con fundamento- que recaen sobre las entidades territoriales por sus prácticas ligadas a la politiquería y la corrupción. Por ello será fundamental promover un diseño constitucional que blinde esos recursos, y garantice que se usen de manera eficaz y transparente. En su criterio, esta apuesta debe ser colectiva y tiene que involucrar a diversos sectores, a fin de implementar un sistema de alertas tempranas, fortalecer las entidades territoriales y la formación del talento humano.
“Hoy no tenemos un plan que haga seguimiento en formación al talento humano y que nos demuestre su eficacia. Hacen falta planes en la dirección de reconstituir la red pública hospitalaria -en infraestructura, dotación y tecnología-, reconstruir todos los centros de atención, y recuperar todos los puestos de salud que se cerraron, porque no había nada que facturar”.
Las entidades medicas del Estado deben ser viables en términos financieros, pero su objetivo primordial es el cuidado de la vida y realizar, desde un modelo preventivo y predictivo, en cada rincón de Colombia, el derecho fundamental a la salud. La ley estatutaria 1751 de 2015 determinó los elementos fundamentales que deben impactar la prestación de los servicios y tecnologías en salud, para asegurar una atención acorde a las necesidades, tradiciones y valores culturales de la población.
“Desde el sector salud podemos contribuir a la paz total”, concluyó el viceministro de Protección Social.
