El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, en su más reciente informe al Consejo de Derechos Humanos destacó como una de las mejores prácticas en el mundo para reducir el recurso al encarcelamiento la propuesta impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Derecho encaminada a la humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario.
El informe destaca que el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Iván Osuna Patiño, en 2023 “propuso cambios en el Código Penal colombiano, entre ellos la prohibición de la detención preventiva y de las penas de prisión por los delitos no violentos y la incorporación de programas de reinserción para los presos en libertad condicional”.
El Relator Especial que en su informe presenta recomendaciones basadas en las mejores prácticas y en las normas internacionales para la investigación y la prevención eficaz de todas las muertes de personas privadas de libertad, precisa, además, que con la iniciativa “en determinadas ocasiones, se implementan procesos de justicia restaurativa en casos que normalmente se tratarían en el sistema de justicia penal convencional”.
Destaca además que Colombia aprobara “una ley que limita el encarcelamiento en el caso de las mujeres condenadas a ocho años o menos de prisión. La ley se aplica a las mujeres marginadas que encabezan una familia monoparental y son responsables de hijos menores, personas mayores o personas con discapacidad permanente”.
El informe del Relator Especial plantea para un menor recurso al encarcelamiento introducir enfoques de justicia innovadores o explotar otras alternativas para evitar la justicia penal convencional.
Sostiene, como lo ha reiterado el ministro de Justicia de Colombia, que puede tratarse de enfoques de justicia transformadora y reparadora, como “la mediación entre la víctima y el delincuente, entrevistas colectivas con los familiares y reuniones para decidir sentencias), sanciones verbales, acuerdos arbitrados, restitución a la víctima y penas de servicios a la comunidad. Habría que estudiar la posibilidad de reorientar los fondos destinados a las prisiones hacia programas de reinversión en la justicia y de corrección aplicada en la comunidad”.
Como parte de sus recomendaciones el Relator Especial planteó que “el recurso al encarcelamiento debe reducirse al mínimo derogando los delitos sin víctimas, relacionados con la pobreza y leves, así como las penas de prisión obligatorias; se debe establecer la presunción de libertad bajo fianza en caso de arresto, introducir condenas distintas de la prisión y crear una presunción en favor de penas más cortas y de la libertad condicional; se deben aplicar, siempre que sea posible, opciones de justicia innovadoras en lugar de los sobrecargados sistemas convencionales de justicia penal; y el sistema de justicia penal debe dotarse de recursos y simplificarse para reducir las demoras que producen el abuso de la prisión preventiva y los períodos excesivos de detención”.
